Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 27 abril 2024.

19 diciembre 2023

CCOO: son necesarias más medidas, además de prohibir los móviles en horario escolar, para afrontar un problema social que traspasa el ámbito educativo

    El abuso de las tecnologías –y los problemas que ello genera en la infancia y la adolescencia– es un reto integral que necesita respuestas globales, tanto dentro como fuera del contexto escolar, y también de recursos para ser afrontado con éxito.

    19/12/2023.
    Es imprescindible dotar a los centros educativos de recursos para facilitar la formación del personal, docente y no docente

    Es imprescindible dotar a los centros educativos de recursos para facilitar la formación del personal, docente y no docente

    El abuso de la utilización de las tecnologías no se ciñe al entorno escolar o la infancia y la adolescencia, sino que se trata de un problema social y, como tal, es necesario que los poderes públicos lo aborden escuchando a las todas partes implicadas: familias, docentes, profesionales sanitarios, etc.

    En el ámbito de la enseñanza, es necesario que el debate público y de las y los legisladores distinga el uso de los dispositivos por parte del alumnado, el uso de la tecnología en el ámbito laboral docente y la aplicación de la tecnología en la enseñanza. Así, la prohibición del uso de móviles en horario lectivo, en los términos que ha propuesto el Ministerio, es razonable, en muchos centros ya está estipulado de forma similar y contribuye a un debate social necesario. No obstante, no puede ser algo aislado ni es suficiente si queremos abordar adecuadamente una problemática de este calado con todas sus implicaciones, que son tanto educativas como sociales, y es necesario no dejarse llevar por las reacciones al calor de debates que deben ser matizados, argumentados y basados en las evidencias científicas de las que ya se disponen, entre las que se encuentran aquellas que señalan la aparición de problemas que afectan a la salud física, mental, sexual y social.

    La aplicación de la tecnología en el proceso de enseñanza no debe suponer un aumento de la exposición a las pantallas de alumnado, sino una mejora significativa respecto a las metodologías existentes, y su uso debe estar –como en toda la metodología pedagógica que se aplique– basada en la evidencia científica más actualizada, lejos de modas que, en ocasiones, responden más a intereses comerciales que a una enseñanza basada en evidencias.

    Es necesario que los poderes públicos y las empresas tecnológicas aborden esta situación, escuchando a las partes implicadas, y que estas actuaciones vayan acompañadas de programas de sensibilización, prevención e intervención dentro y fuera del contexto escolar para empresas, familias, niños, niñas y jóvenes. Eso sí, estos programas, que por sí mismos son de una enorme complejidad, tienen que contar con los recursos necesarios para poder tener efectos reales.

    En lo que respecta a los centros educativos, es imprescindible dotarles de recursos que puedan facilitar la formación del personal, docente y no docente, e impulsar de manera decidida actuaciones en diferentes ámbitos, entre el que destaca la coordinación del bienestar y protección de la infancia y la adolescencia. Debe dotarse a los centros de personal adicional con el perfil adecuado, profesorado de servicios a la comunidad o figura análoga, para poder abordar con éxito las actuaciones que fuesen necesarias, en colaboración con las familias.

    Si se quiere que el sistema pueda abordar los diferentes retos que tiene por delante, entre otros este, debe incrementarse la red de orientación educativa y psicopedagógica, reducirse las ratios y aumentar la plantillas del profesorado, rebajando el horario lectivo de cada docente y mejorando sus condiciones de trabajo, para poder optimizar también las labores de tutoría y la posibilidad de colaborar en programas específicos, y aumentar los apoyos especializados para el alumnado más vulnerable. Es necesario también intensificar la formación del profesorado sobre estos aspectos; pero, para ello, debe recibir una formación con recursos y dentro de su horario laboral, sin que este aumente.

    No se puede hacer recaer únicamente sobre los centros la responsabilidad y las actuaciones. Por supuesto, como ya se ha reflejado, este problema no es solo un problema educativo, sino social, y son necesarias medidas preventivas y de intervención en muchos otros niveles para poder darle una respuesta exitosa. Las actuaciones con las familias y directamente con los y las menores son prioritarias dentro de una intervención sociocomunitaria global, con todos los servicios públicos, sociales y clínicos, y también con recursos suficientes. Porque está claro que, si fuera de la jornada escolar no se producen cambios en las pautas de uso de las tecnologías, no habremos avanzado mucho en la solución real al problema.

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