CCOO acusa al Gobierno regional de camuflar la precariedad de las universidades

  • Ni aumenta la plantilla ni se palían los recortes presupuestarios de la crisis

Las 417 plazas que el Ejecutivo de Ángel Garrido pretende colar a la ciudadanía como "nuevas" son en realidad puestos de trabajo cubiertos de forma interina que se van a someter al necesario proceso de estabilización.

14/01/2019.
La Consejería maquilla los datos sobre universidades

La Consejería maquilla los datos sobre universidades

No aumenta la plantilla de administración ni tampoco la del personal docente e investigador, como quiere hacer creer el Gobierno del PP, que acumula en el periodo 2011-2019, con las seis universidades públicas madrileñas una "deuda social" de 995 millones, nada menos que el equivalente a un ejercicio presupuestario completo.

CCOO advierte también de una significativa pérdida de ingresos procedentes de las matrículas de miles de estudiantes si la Comunidad de Madrid autoriza tres universidades privadas más.

Hemos denunciado el intento por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de camuflar tanto la situación real de la enseñanza universitaria en la región como su incapacidad para hacer frente a la precariedad en la que las políticas del PP ante la crisis sumieron a las universidades públicas madrileñas.

Así, las 417 plazas que el Ejecutivo de Ángel Garrido pretendió colar la semana pasada a la ciudadanía como ‘nuevas’ son en realidad puestos de trabajo cubiertos por personal interino que se van a someter al necesario y obligado proceso de estabilización.

Esta medida es claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de dotación de plantillas estables de las universidades. La política de tasa de reposición aplicada durante estos últimos años, y que ahora pretende poner en valor la Comunidad de Madrid, es la responsable en gran medida de una pérdida media del 12,64% de los puestos de trabajo (9,87% de Personal Docente Investigador y del 17,95% del Personal de Administración y Servicios).

Respecto al "notable incremento" del presupuesto destinado en 2019 a las universidades públicas del que ha presumido el vicepresidente regional, Pedro Rollán, hemos revelado lo que nuestros gobernantes callan: que el gobierno regional ha acumulado a lo largo del periodo 2011-2019 un déficit en las transferencias presupuestarias a las seis universidades madrileñas de 995 millones, es decir, una "deuda social" equivalente a la cantidad que destina en este ámbito en el último ejercicio presupuestario (el presupuesto para 2019 es de 988 millones). Y ello a pesar de que la recuperación económica se inició hace ya cinco años.

"La Consejería de Educación del Gobierno regional ha pretendido lanzar la carrera electoral de Ángel Garrido con un castillo de fuegos artificiales", critica el secretario de política educativa de CCOO de Madrid, Pedro Delgado, "pero ni se crea empleo neto, necesario tras años de crisis plasmadas en tasas de reposición leoninas, ni se recuperan los recortes presupuestarios que sufrió la universidad durante la crisis. El banco de pruebas del neoliberalismo que Casado propugna en Madrid podría acabar por representar el golpe de gracia a unas universidades públicas sumidas en la precariedad".

Tres privadas más

Respecto a los planes del Ejecutivo regional de autorizar tres nuevas universidades privadas, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, advierte del impacto negativo que esta medida tendrá tanto en el sistema universitario madrileño, que incrementará su oferta universitaria sin la existencia de razones que lo justifican, como en los presupuestos de las universidades públicas "ante una previsible pérdida significativa de ingresos procedentes de las matrículas de miles de estudiantes".

"Estas nuevas universidades privadas –insiste– no responden a ninguna necesidad educativa estratégica del mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid, más bien duplica la oferta de titulaciones cuya demanda se encuentra atendida".

Isabel Galvín reitera que es una medida para satisfacer los intereses de los promotores de la misma; que supone una competencia directa con las titulaciones ofertadas por las universidades públicas, y que favorece el trasvase de alumnado del sistema universitario público al ámbito de las privadas, con un efecto negativo en los presupuestos de la Universidad Complutense y la Rey Juan Carlos, que dejarán de ingresar los importes de las matriculas de unos 4.000 alumnos y alumnas.

 

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