Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 22 octubre 2025.

Movilizaciones30oct2025

CCOO exige la retirada del nuevo borrador de la ley de universidades madrileña por considerarlo un ataque a la universidad pública

    El nuevo texto mantiene las líneas de actuación de la Comunidad de Madrid frente a las universidades: infrafinanciación, control por los consejos sociales, fomento de la iniciativa privada y fuertes sanciones a las movilizaciones universitarias.

    14/10/2025.
    CCOO exige la retirada del nuevo borrador de la ley de universidades madrileña

    CCOO exige la retirada del nuevo borrador de la ley de universidades madrileña

    La Federación de Enseñanza de CCOO ha realizado un análisis preliminar de la nueva versión del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid, de 1 de octubre de 2025. A la vista del nuevo texto, no muy distinto al anterior, desde CCOO exigimos su inmediata retirada y la apertura de un proceso negociador con la comunidad universitaria. CCOO considera que el texto pone en "serio peligro" el sistema universitario público madrileño tal como lo conocemos, promoviendo la privatización, el control de las universidades por parte del gobierno, la infrafinanciación y la represión en los campus.

    El análisis de CCOO señala cuatro bloques principales de preocupación en el borrador:

    1. Equiparación de lo Público y lo Privado: Fomento de la Privatización

    El borrador de la LESUC promueve un sistema universitario donde la iniciativa privada tiene el mismo peso que la pública. Se fomenta la colaboración sin distinción entre actores públicos y privados, lo que permitiría a universidades privadas realizar convenios con públicas para evitar tener programas de doctorado o disponer de ciertas instalaciones.

    Un ejemplo clave de esta equiparación es la creación de un distrito único de prácticas (artículo 11) que incluye a las universidades privadas, lo que, según CCOO, sólo puede favorecer que los estudiantes de centros privados realicen sus prácticas en centros públicos. Esto es especialmente significativo en el área sanitaria, donde los estudiantes de Medicina en universidades privadas ya superan a los de las públicas en la Comunidad de Madrid.

    Además, el texto equipara la oferta de enseñanzas públicas y privadas en la oferta de enseñanzas universitarias. CCOO denuncia que el borrador dedica más de 20 artículos a la implantación de centros privados y critica que la decisión final para la creación de nuevas universidades o centros adscritos privados sea una decisión política del Consejero competente, con informes preceptivos, pero no vinculantes.

    2. Reducción de la Autonomía Universitaria y mayor Control del Gobierno Autonómico

    El borrador de la LESUC recorta la autonomía universitaria al conceder un mayor peso a los Consejos Sociales, cuyos vocales son mayoritariamente elegidos por la Asamblea de Madrid (es decir, por el gobierno autonómico). Se amplían las competencias de los Consejos Sociales para controlar aspectos fundamentales de las universidades públicas, como la aprobación de presupuestos, la estrategia, la transformación digital y, respecto a versiones anteriores, incluso el control sobre las plantillas universitarias. Este control se refuerza con la creación de la Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno, un nuevo órgano con dos de sus tres miembros nombrados por el Consejo Social.

    3. Consolidación de la Infrafinanciación de las Universidades Públicas

    El sindicato critica que la LESUC pretende fijar en la ley la situación de infrafinanciación crónica de las universidades públicas madrileñas. El modelo de financiación propuesto (artículo 85) utiliza el término "corresponsabilidad" para justificar que la Comunidad de Madrid nunca aportará más del 70% del presupuesto necesario para el normal funcionamiento de las universidades. El resto deberá ser cubierto por tasas estudiantiles u otras formas de financiación, como fondos de inversión privados, mecenazgo o patrocinio (artículo 91).

    CCOO insiste en que cualquier modelo de financiación debe cubrir el 100% de los gastos corrientes de las universidades públicas. Además, la financiación por objetivos (artículo 89) ataca la autonomía al hacer depender los presupuestos de criterios impuestos por la Comunidad de Madrid, como la captación de financiación privada o acuerdos con entidades empresariales.

    4. Régimen sancionador que atenta contra derechos fundamentales

    El borrador dedica varios artículos (137 a 144) a describir un "régimen sancionador" con unos términos que sobrepasan la normativa estatal. CCOO considera que estos artículos invaden competencias reservadas al Estado o a las propias universidades y penalizan el ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de expresión, de crítica, de reunión y de cátedra.

    El texto recoge sanciones desproporcionadas, incluso habiendo sido reducidas respecto a versiones anteriores, como multas de hasta 15.000 euros por colocar una pancarta o de 100.000 euros por ocupar un espacio en el campus. CCOO concluye que este sistema punitivo injustificado pretende "frenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales y el derecho a disentir".

    Ante este panorama, CCOO solicita la retirada del borrador y exige a la Comunidad de Madrid que paralice el proyecto. El sindicato demanda la apertura de un proceso participativo para redactar una ley que garantice a las universidades públicas "una autonomía y una financiación suficientes que permitan ofrecer a la ciudadanía madrileña una docencia y una investigación de calidad".

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