¿Pero qué hay de cierto en todas estas acusaciones? Vamos a intentar analizarlo poco a poco.

Lo primero: ¿qué dice el Gobierno al respecto? ¿Quiere acabar con la existencia de centros específicos de educación especial?

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha desmentido taxativamente, tanto en medios de comunicación como en la propia web del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que se pretenda tal cosa. Incluso mediante carta dirigida a las entidades representativas del sector de la Discapacidad y también a esa plataforma. Lo desmintieron hace un año y lo vuelven a desmentir ahora.

Entrando en dicha web ministerial podemos leer, colgado el 28 de abril de este año, entre otras cosas, lo siguiente:

- El MEFP desmiente rotundamente que se vayan a cerrar centros de educación especial, tal como están difundiendo algunas organizaciones

- El texto del Proyecto de Ley recoge el compromiso de dar respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad, sea cual sea el tipo centro en el que se escolaricen

- Negar medios adecuados a los alumnos escolarizados en centros ordinarios supondría una clara discriminación al incumplir el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Por lo tanto, es absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial.

Pero por si alguien puede pensar que el Gobierno, por boca de su ministra de educación, miente ¿qué dice exactamente el texto de la discordia? Se trata de la disposición adicional cuarta que reproducimos literalmente:

Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Hemos subrayado la parte que la plataforma “Educación inclusiva sí, especial también” identifica como una decisión de acabar con los centros de educación especial. Parece que el texto no sólo no lo dice, sino más bien lo contrario, que los centros de educación especial específicos seguirán contando con el apoyo necesario por parte de las Administraciones educativas. Y va más allá, otorgando un papel preponderante de estos centros en la educación de personas con necesidades educativas significativas, convirtiéndolos en centros de referencia y apoyo para centros ordinarios.

¿Este texto supone un cambio radical en la legislación hasta ahora en vigor respecto de los centros de educación especial?

En absoluto. La matriculación de alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios y específicos viene regulada en el artículo 74.1 la Ley Orgánica de Educación (LOE) en vigor desde mayo de 2006. Posteriormente este artículo fue refrendado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) en diciembre de 2013. El mencionado artículo 74.1, en vigor desde 2006 dice literalmente:

Artículo 74. Escolarización.

1.- La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

Bueno, pues parece que la norma sobre escolarización dice que los alumnos con necesidades especiales se matricularán en centros de educación especial sólo cuando no puedan ser atendidos adecuadamente en centros ordinarios.

En definitiva, lo que se pretende con la disposición adicional cuarta del borrador de proyecto de ley no es más que intentar dar cumplimiento a lo establecido sobre matriculación desde 2006, en un plazo de 10 años, y que desgraciadamente no se ha llevado a la práctica por falta de inversión en los centros ordinarios. Si unos padres deciden que su hijo se escolarice integrado en el centro ordinario que está al lado de su casa, no podrá hacerlo si ese centro no cuenta con los recursos suficientes para atender sus necesidades y se verán obligados a matricularle en un centro específico de educación especial donde sí puedan atenderle adecuadamente. Éste es el derecho que se quiere garantizar, porque ahora sólo los centros específicos cuentan con esos recursos.

Entonces, si los centros ordinarios cuentan con recursos para atender a esta tipología de alumnado, ¿sobrarán los centros específicos?

Tampoco es cierto. Cualquiera que conozca o haya trabajado con alumnos con necesidades especiales educativas sabe que muchos alumnos necesitan una atención muy especializada que no es posible atender con garantías de éxito, ni ahora ni dentro de 10 años, en un centro ordinario, por mucho que se le dote de unos profesionales determinados, se eliminen barreras, etc. Y la necesidad de centros específicos seguirá siendo imprescindible.

Pero habrá otros alumnos con necesidades educativas especiales que, por sus características propias, encajen perfectamente en un centro ordinario siempre que se les garanticen los recursos necesarios. Esa inclusión en un grupo de alumnos sin necesidades educativas especiales puede ser potenciador de sus capacidades y generar una aceptación positiva del resto del alumnado, lo que no se consigue separándoles en centros específicos.

Si además de la necesidad de contar con una red de centros específicos de educación especial, éstos pueden ejercer un liderazgo en la educación inclusiva, asesorando y apoyando a los centros ordinarios, ¿en qué razones se basa esa idea de que se pretende su extinción?

La idea de matricular a alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios no se aplica en otros países de nuestro entorno.

Todo lo contrario. De hecho el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cuando habla de educación, dice que:

Artículo 24 Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

España firmó y ratificó esta Convención en 2007 y si para dentro de 10 años (en 2030) se termina de hacer efectiva, habrán transcurrido 23 años desde su firma, periodo no razonable sino excesivo. Sólo por citar algunos de los países de nuestro entorno que también han firmado y ratificado la convención: Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, Suecia, Republica Checa, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia,…….

¿Es cierto que se ha querido aprovechar el estado de alarma para aprobar esta ley sin debate ni negociación?

Es acusación carece de todo fundamento. Este proyecto de Ley Orgánica inició su tramitación hace más de un año. Sólo hay que comprobarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 22 de febrero de 2019. En este boletín aparece la aprobación de la Mesa del Congreso para emitir dictamen e iniciar la tramitación de la ley y a continuación el texto completo del proyecto. Y el redactado de la disposición adicional cuarta es exactamente el mismo que aparece ahora. Luego no hay sorpresa alguna. Este texto no se puede modificar hasta que no se tramiten las enmiendas correspondientes durante su tramitación parlamentaria.

Independientemente de las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios en su momento, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar todas las alegaciones que estimen oportunas.

¿Ha aprobado el gobierno esta ley sin tener en cuenta ninguna alegación o ninguna enmienda?

Rotundamente no. Se trata de una Ley Orgánica, pues desarrolla un derecho fundamental como es el Derecho a la Educación y la tramitación de leyes orgánicas es más compleja y requiere mayoría cualificada. Durante su tramitación, los grupos políticos con presencia en las Cortes Generales, primero en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado, pueden presentar multitud de enmiendas, algunas incluso a la totalidad del proyecto. El proyecto de Ley Orgánica debe ser aprobado por ambas cámaras y posteriormente en una votación final por mayoría absoluta de nuevo en el Congreso de los Diputados.

Y hay que recordar que los grupos políticos que sustentan al actual Gobierno (PSOE y UP) no alcanzan dicha mayoría absoluta. Es más, la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno no contó con esa mayoría absoluta, sino con mayoría simple, al obtener más votos favorables que contrarios en segunda votación.

En consecuencia, es imposible aprobar la Ley sin todos esos requisitos.

Las entidades que componen la Plataforma “Educación inclusiva sí, especial también”, además de presentar alegaciones, han podido reunirse con los diferentes grupos parlamentarios para que presentaran enmiendas al proyecto de ley que recojan sus planteamientos.

Pues si no hay intención de cerrar colegios de educación especial específicos, ¿Por qué la plataforma “educación inclusiva sí, especial también” insiste tanto en trasladar esa idea a la opinión pública?

Es difícil saberlo. Pero sabemos que es muy fácil crear un estado de angustia y temor en las familias con hijos con necesidades educativas especiales si se les dice que van a sacarles de los centros educativos en donde están actualmente matriculados. Máxime si han tenido experiencias negativas previas de escolarización en un centro ordinario que no contaba con los recursos necesarios. Quienes contribuyen a crear ese estado de angustia y temor, o ven fantasmas donde no los hay, o no siempre sus intenciones están guiadas por el beneficio de los niños con discapacidad.

Sabemos que también hay mucho oportunismo, de organizaciones que entienden que en este estado de agitación, erigiéndose como los verdaderos defensores de los niños con discapacidad, ven una oportunidad de sacar algún beneficio para los intereses de su organización.

No nos cabe duda de que todas las entidades del ámbito de la discapacidad, y hay muchas más fuera de esa plataforma que dentro, trabajan de forma honesta y con muchísimo esfuerzo por la total integración de las personas con discapacidad, y especialmente en las edades escolares. Y merecen todo el reconocimiento social, y en especial el movimiento asociativo de familiares de personas con Discapacidad, que llevan haciendo una labor encomiable durante años, cuando en España las administraciones públicas hacían dejación de sus obligaciones para con estos ciudadanos. Pero ninguna de esas entidades, ni por separado ni junto a otras formando una determinada plataforma, puede pretender tener el monopolio de la dirección de las políticas públicas respecto a derechos fundamentales, como la educación, la sanidad, la no discriminación, etc. Esas políticas públicas, siguiendo las directrices de los dictámenes y convenciones internacionales, son responsabilidad de todos y todas. Y cuando no hay unanimidad de criterio, y en este caso está claro que no lo hay, sólo caben la negociación y el acuerdo. A eso sí nos sumamos desde CCOO y no a campañas de desinformación con interpretaciones sesgadas y con intereses dudosos.