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    Dos meses después de la denuncia de CCOO, educación reconoce la ilegalidad de las instrucciones de inicio de curso redactando una nueva versión

      El sindicato considera que el Consejero de Educación pretende dictar una orden en un intento de dar cobertura legal cobertura legal formal a las Instrucciones sobre medidas ante el COVID-19 en centros educativos dictadas en julio por las Viceconsejeras, que son claramente ilegales desde todos los puntos de vista. Esta situación supone que el curso en Madrid empezará con absoluta inseguridad jurídica para equipos directivos, equipos docentes, alumnado y familias lo que anticipa una situación previsible de incremento de la judicialización de actuaciones que se puedan haber producido o producir durante la vigencia de estas instrucciones.

      25/08/2020.
      Orden del consejero para legalizar la Resolución de las viceconsejeras COVID-19

      Orden del consejero para legalizar la Resolución de las viceconsejeras COVID-19

      En el mes de julio, CCOO presentó Recurso Contencioso-Administrativo frente a la Resolución conjunta de las Viceconsejerías por las que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de fecha 9 de julio de 2020, por ser claramente ilegales, así como contra la Instrucciones de Inicio del Curso 2020/2021 para los centros públicos.

      El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido los recursos y ha reclamado el expediente administrativo a la Consejería de Educación en el mes de agosto, puesto que estas instrucciones no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico. Es decir, son normas de alcance general en sí aunque ninguna ha seguido los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación. Así, ambas instrucciones no se han publicado en el BOCM, no observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos. En definitiva, esta forma de regular el principio jurídico de curso contraviene el ordenamiento jurídico.

      Las Viceconsejerías no tienen potestad para dictar disposiciones generales. Aunque traten de revestir estas instrucciones de apariencia de órdenes de trabajo, entre otras cuestiones, tienen trascendencia no sólo para los empleados y empleadas públicas, sino para todas las trabajadoras y trabajadores de los centros privados (el caso de la Resolución sobre prevención e higiene), para el alumnado, e incluso para las familias.

      Ante estas evidencias, se ha iniciado por trámite de urgencia el 24 de agosto la valoración y dictamen por Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de una Orden dictada por el Consejero de Educación y Juventud que meramente dice que se debe cumplir la resolución conjunta de las Viceconsejeras y en todo tipo de centros, dado que el consejero sí ostenta la potestad reglamentaria. La vía elegida es controvertida y jurídicamente cuestionable.

      Además, CCOO considera, más allá de la cuestión formal de la potestad, que no se pueden mantener seis semanas después y tras la evidencia de la escalada de la situación epidemiológica en Madrid las mismas instrucciones que suponen iniciar el curso como si nada ocurriera, sin bajada de ratio, si recurso, y sin ninguna medida que pueda dar una mínima garantía de seguridad para la vuelta a las aulas en septiembre, más allá de repartir unos botes de hidrogel.

      CCOO califica de irresponsable y temeraria la decisión adoptada por el consejero y sigue considerando ilegal la nueva pretensión de hacer pasar por válida una disposición que atenta contra la salud y la integridad física del profesorado, del resto del personal que trabaja en los centros educativos, del alumnado y de la sociedad en general, puesto que ha habido tiempo suficiente para planificar actuaciones y disponer de los medios adecuados y, en cambio, se opta por abandonar a su suerte a los centros decretando la responsabilidad de los equipos directivos de la gestión de una pandemia, cuando no les corresponde, por tratarse de una competencia exclusiva de la Consejería de Educación.

      El borrador de Orden que se trató ayer en la Comisión de Dictámenes e Informes del Consejo Escolar sigue su trámite y será dictaminada por la Comisión permanente el próximo 31 de agosto. Eso significa que el curso se iniciará con unas instrucciones sanitarias y de organización ilegales. Las mismas instrucciones ilegales que han tenido que seguir los centros para organizar agrupamientos y horarios de profesorado y alumnado, entre otras cuestiones. En esta situación, la inseguridad jurídica es absoluta. Los responsables políticos de esta actuación irresponsable y de este grave error deben asumir sus responsabilidades y dimitir.

      Por ello, CCOO anuncia que emprenderá todas las acciones previstas en un estado de Derecho para defender la Educación madrileña y la salud e integridad de toda su comunidad educativa.

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