Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid | 29 marzo 2024.

CCOO planta cara en los juzgados a la suspensión de la contratación de profesorado interino en los centros públicos

    Tres mil docentes pueden quedarse sin trabajo y alrededor de 90.000 escolares ven vulnerado su derecho a la educación.

    02/04/2020.

    CCOO ha presentado un recurso por vulneración del derecho fundamental a la educación contra la resolución del Director General de Recursos Humanos del día 10 de marzo de 2020, por la que se decidió la suspensión de los llamamientos de profesorado interino para sustituir a los docentes en situación de baja o licencia, tanto al inicio de la crisis del coronavirus como a lo largo de la misma. Esta suspensión se produjo sin fundamento en la normativa desarrollada por la máxima autoridad sanitaria el lunes 9 de marzo y en el posterior RD del Gobierno de España, por el que se declaró el Estado de alarma, puesto que la actividad laboral no solo no ha sido suspendida, sino que se ha ordenado expresamente su continuidad mediante el teletrabajo. En ambas normas queda recogido que el derecho fundamental a la educación ha de quedar garantizado durante todo el periodo excepcional en el que dure la emergencia sanitaria y el Estado de alarma. Por ello, CCOO considera que la Consejería de Educación ha actuado de manera fraudulenta vulnerando derechos laborales del profesorado y el derecho a la educación del alumnado afectado.

    Esta vía del recurso por vulneración del derecho fundamental es de los pocos procedimientos judiciales que están siendo admitidos a trámite en estos días en que rige el Estado de alarma, dado que se trata de una vía de recurso especial, preferente y sumario, pero no es la única que está siguiendo CCOO, ya que también ha impugnado esta decisión de la Dirección General de Recursos Humanos por la vía ordinaria de la contravención de la legalidad vigente.

    La situación es muy grave, dado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido, de manera unilateral y en contra de las órdenes del Gobierno de España, privar de clases a un número importante de alumnos y alumnas de los centros públicos, negándoles injustificadamente y arbitrariamente su derecho fundamental a la educación que está garantizado por el artículo 27 de la Constitución, lo que justifica la utilización de este recurso especial.

    En este procedimiento, la Consejería ha presentado un informe ante el juzgado indicando que no se está vulnerando el derecho a la educación porque se trata de una facultad que entra dentro de la potestad autoorganizativa de medios personales. Resulta sorprendente e indignante que la Consejería de Educación desvíe la cuestión hacia este terreno, lo que supone, de facto, arrogarse la competencia de decidir el contenido del derecho fundamental a la educación, al poder decidir, según esta tesis, qué asignaturas se imparten y cuáles no, cuando la ordenación académica, el plan de estudios, las asignaturas que deben impartirse en cada etapa y en cada curso están fijadas mediante las Leyes Orgánicas de Educación, que desarrollan el Derecho Fundamental a la Educación en virtud del artículo 81 de la Constitución. Así, en la vigente LOE, estas asignaturas están prescritas, a título de ejemplo respecto de las etapas con mayor número de alumnos y alumnas y relativas a la enseñanza obligatoria (24.4 CE) en los artículos 18 –para la Educación Primaria-, 24 y 25 –para la Educación Secundaria Obligatoria-, así como en los artículos 33 y 34 en el Bachillerato.

    CCOO pone el acento en esta clara extralimitación y arrogancia sin precedentes, pues son las Cortes a través de estas leyes orgánicas, y no un área de recursos humanos de una comunidad autónoma, las que fijan el contenido del derecho a la educación.

    Hay que tener en cuenta que, según los datos recabados por CCOO, pueden estar afectados por esta resolución hasta 3.000 profesores y profesoras que se quedan sin trabajo y alrededor de 90.000 alumnas y alumnos que ven vulnerado su derecho a la educación. Y es necesario señalar que CCOO es la única organización que está peleando con todos los medios a su alcance por este derecho.