El TSJ admite a trámite el recurso de CCOO a las Instrucciones que regulan la justificación de fondos europeos en los CEPA de Madrid

     

    La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denuncia que el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid continúa maltratando a los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), pues las nuevas instrucciones que se les han transmitido respecto al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) suponen una imposición que no solo atenta contra las condiciones de trabajo del profesorado sino que además tienen visos de ilegalidad

    29/11/2018.
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    El pasado 2 de noviembre, la Consejería de Educación del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid envió a los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) unas nuevas instrucciones relativas al Programa Educativo de Empleo Juvenil (POEJ). Dichas instrucciones han levantado ampollas entre el colectivo docente de CEPA por varias razones.

    En primer lugar, porque algunos contenidos de dichas instrucciones incrementan el trabajo del personal docente y obligan a equipos directivos y docentes a realizar actuaciones de dudosa legalidad, por las cuales podrían sufrir consecuencias no deseadas. Por otro lado, las instrucciones no han sido negociadas con los representantes legítimos del profesorado, lo que en un estado de derecho debería haber sido ineludible, ya que conciernen directamente a las condiciones laborales, las del profesorado de los Centros de Educación de Personas Adultas.

    Por estas razones, CCOO ha solicitado, mediante escrito dirigido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y por vía de urgencia, una reunión con sus responsables para negociar las instrucciones. Además, CCOO ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, que según se ha informado hoy mismo, está admitido a trámite.

    Por último, CCOO declara que no descarta tomar otras acciones legales sobre ciertos aspectos de estas instrucciones si la Consejería no da marcha atrás y no se atiene a razones. Estas acciones en particular se presentarían ante el organismo al que correspondería amparar la demanda: la Agencia Española de Protección de Datos.

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