Concertar la Orientación en Infantil y Primaria: otro atentado contra la Pública

    El Gobierno regional ha anunciado que las escuelas privadas recibirán financiación pública para contratar a sus propios orientadores en estas etapas educativas. La medida supone una amenaza a la equidad, pues permitirá que los centros privados concertados puedan sobredimensionar los diagnósticos para recibir más recursos, como ya ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas con el consiguiente perjuicio a los centros públicos.

    25/10/2018.
    Bolsa dinero

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    Rechazamos la medida de concertar la orientación en Educación Infantil y Primaria en los centros de titularidad privada, anunciada ayer por el Gobierno regional. Hasta ahora, en los colegios privados que cubren estas etapas educativas, los orientadores y orientadoras forman parte de la función pública, y son profesionales ajenos al centro y conocidos como Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) quienes atienden a todos los colegios de la región y determinan todos los apoyos que necesita cada centro en función de las necesidades de su alumnado.

    La concertación de la orientación en centros privados implica la disminución de los recursos públicos y supone una amenaza a la neutralidad y profesionalidad que existe hasta ahora en la orientación madrileña. Actualmente, las y los profesionales de la red de Orientación educativa que trabajan en los centros privados conforman un equipo multidisciplinar, que trabaja de forma coordinada con servicios sociales y sanitarios para garantizar una atención de calidad a todo el alumnado, dentro y fuera del ámbito escolar.

    Su gran labor -reconocida por toda la comunidad educativa y por la sociedad en su conjunto a pesar de los escasos recursos de los que disponen- está ahora amenazada por una medida que supone una nueva evidencia del afán privatizador del Gobierno regional y de seguir derivando el dinero de todos a manos privadas. Al Ejecutivo de Ángel Garrido no parece preocuparle que la Administración pierda el control técnico público de la asignación de recursos con tal de contentar a la patronal de los colegios católicos concertados, que ve así satisfecha una reivindicación histórica.

    La medida que pretende imponer el Ejecutivo regional supone que los centros privados recibirán financiación pública para contratar a sus propios orientadores y orientadoras, y tendrán así capacidad para decidir “de facto” qué recursos se destinarán a atender a su alumnado con necesidades educativas especiales en función de la detección de necesidades que se realicen en el mismo centro. Este procedimiento de externalización puede llevar a una sobredimensión en los diagnósticos, como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas en las que se ha aplicado esta medida, tal es el caso de Aragón, por ejemplo.

    Para garantizar la calidad y equidad educativa el Gobierno debería dejar de actuar en perjuicio de la educación pública madrileña y dotar de mayores recursos a los EOEP, cuyas plantillas están congeladas desde 2007, para que puedan desarrollar con mayores garantías el derecho a la función pública de la orientación y así garantizar el control social del dinero público, la distribución justa de los recursos que llegan a los centros y el interés general. La Comunidad de Madrid, seguirá ahondando con esta medida en las desigualdades y los desequilibrios, el mal endémico que sufre la educación en nuestra región.

    Estamos trabajando ya con las y los profesionales de Orientación para que desarrollemos juntos una campaña que informe a la sociedad madrileña del duro golpe que supone este proyecto de Garrido para la Educación pública y para el interés general. Al mismo tiempo, el sindicato de enseñanza anuncia que apoyará y promoverá todas las medidas de rechazo junto con otras organizaciones y sectores de la comunidad educativa para frenar esta iniciativa.

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